Las regresiones ambientales en Argentina 2025
Las regresiones ambientales en Argentina: retrocesos bajo el gobierno de Javier Milei
Desde diciembre de 2023, la Argentina atraviesa un proceso de transformaciones profundas que impactan directamente sobre el ambiente y los derechos sociales.
El informe elaborado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial documenta los principales retrocesos registrados entre diciembre de 2023 y julio de 2025, periodo en el que el Poder Ejecutivo contó con facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases.
¿Qué significa una regresión ambiental?
El concepto refiere al retroceso en las condiciones de protección ambiental y social, generado por el desmantelamiento de organismos estatales, la derogación de normas y la reducción de presupuestos destinados al ambiente. En otras palabras: la pérdida de derechos y salvaguardas que costaron décadas construir.
La Ley Bases y el RIGI: el inicio del desmantelamiento
El mega-decreto 70/2023 y la posterior Ley Bases (N° 27.742) marcaron el rumbo de la política ambiental del actual gobierno. Entre sus puntos más críticos:
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📉 RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones): otorga beneficios impositivos, cambiarios y regulatorios por 30 años a proyectos extractivos, sin exigir estudios ambientales previos.
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💧 Prioridad empresarial sobre recursos vitales: el Art. 193 de la Ley Bases habilita a las empresas a tener preferencia en el uso del agua y la energía, incluso frente al consumo humano.
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⏳ Silencio administrativo: si el Estado no responde a tiempo un trámite ambiental, se considera automáticamente aprobado. Esto abre la puerta a autorizaciones “exprés” de actividades con impactos irreversibles.
Negacionismo climático como política de Estado
El propio presidente Javier Milei y parte de su gabinete han expresado posiciones abiertamente negacionistas sobre la crisis climática.
Esta postura se traduce en la deslegitimación de las organizaciones ambientales y pueblos originarios, a quienes se acusa de frenar el desarrollo económico.
El resultado: debilitamiento de políticas de adaptación y mitigación frente al cambio climático y el incumplimiento de acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
Impactos más graves documentados
El informe detalla nueve áreas críticas de retroceso socioambiental:
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Expansión de combustibles fósiles: más subsidios a petroleras, fracking en Vaca Muerta y avance del offshore en el Mar Argentino.
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Deforestación acelerada: especialmente en el Gran Chaco, con el aval de nuevos ordenamientos regresivos en provincias como Chaco.
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Incendios e inundaciones: menos fondos, despidos y organismos desmantelados.
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Minería de litio y metálica a cielo abierto: favorecidas por el RIGI, con impacto en comunidades y en la Ley de Glaciares.
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Privatización de represas y licitaciones frustradas en el Río Paraná.
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Afectación a pueblos originarios: desconocimiento de derechos territoriales.
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Criminalización de la protesta: casos de detenciones arbitrarias a defensores ambientales en varias provincias.
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Plan de inteligencia nacional: vigilancia secreta sobre movimientos socioambientales.
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Desmantelamiento institucional: degradación del Ministerio de Ambiente, recorte de presupuestos a organismos científicos, eliminación de programas de agroecología, energías renovables y protección de bosques.
Un retroceso con consecuencias a futuro
Las políticas implementadas no solo comprometen el presente, sino también el derecho de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano.
El debilitamiento de la normativa ambiental y la concentración en un modelo extractivista refuerzan la reprimarización de la economía, consolidando a Argentina como un mero proveedor de materias primas.
¿Qué podemos hacer como habitantes de este país?
Ante este panorama, el rol ciudadano se vuelve clave. Podemos:
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Informarnos y difundir: leer y compartir este tipo de informes es el primer paso para no naturalizar el retroceso ambiental.
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Exigir transparencia y participación: reclamar instancias de consulta pública, acceso a información y respeto a los derechos establecidos en el Acuerdo de Escazú.
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Apoyar a las comunidades y defensores ambientales que enfrentan el impacto directo de estas políticas.
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Cambiar nuestros hábitos de consumo y producción, priorizando lo local y sustentable, reduciendo nuestra huella ambiental.
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Organizarnos colectivamente: la defensa del ambiente es también defensa de la democracia, y requiere articulación ciudadana.
📄 Podés leer y descargar el informe completo “Regresiones Ambientales 2024-2025” desde este enlace:
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